
Los proveedores RIGI son empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que abastecen a un proyecto adherido. Pueden importar bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones e insumos para fabricarlos sin pagar derechos de importación, siempre que la mercadería figure en el listado aprobado y llegue al proyecto.
El beneficio es concreto, pero tiene condiciones que la Aduana controla en cada despacho y después de él. Desde el Decreto 105/2026, además, cambiaron algunas reglas sobre qué mercadería califica y quién evalúa las solicitudes. En esta guía repasamos qué puede importar un proveedor, cómo se inscribe, qué documentación se declara al oficializar y qué obligaciones quedan abiertas hasta el final de la vida útil de los bienes.

En esta guía
Es una empresa que provee bienes o servicios a un Vehículo de Proyecto Único (VPU) adherido al RIGI y que se inscribe en el registro creado por el Decreto 749/2024 solo para acceder a los incentivos del artículo 190 de la Ley 27.742. La estabilidad fiscal y los beneficios cambiarios quedan para el proyecto; la ventaja del proveedor está en la importación.
El artículo 190 exime de derechos de importación, de la tasa de estadística y de la tasa de comprobación de destino. También excluye a esas importaciones de los regímenes de percepción, recaudación o anticipo de impuestos nacionales y locales, como las percepciones que normalmente se cobran en la Aduana. En una importación de equipos, la diferencia en el costo final y en el capital de trabajo inmovilizado suele ser importante.
El RIGI se creó por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, y su plazo de adhesión vencía el 8 de julio de 2026. El Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de febrero de 2026, lo prorrogó un año, hasta el 8 de julio de 2027. Mientras haya proyectos aprobándose, habrá demanda de proveedores que puedan importar dentro del régimen.
La franquicia está atada a la mercadería y a su destino en un proyecto adherido, y todo el sistema gira alrededor de ese destino. La Aduana libera el bien sin tributos, pero lo sigue hasta que se transforma, se entrega o termina su vida útil. Si ese destino se rompe, los tributos vuelven, y con recargo.
Pueden importar dos tipos de mercadería: bienes finales clasificados como bienes de capital (BK) o bienes de informática y telecomunicaciones (BIT) que se destinan al proyecto, e insumos o bienes intermedios que el propio proveedor transforma para fabricar esos bienes finales. Lo que esté fuera del listado aprobado paga los tributos generales.
El Decreto 105/2026 reescribió el artículo 8 del anexo del Decreto 749/2024 y sumó una tercera vía: los insumos que se integran a un bien final vinculado a una obra de infraestructura esencial del proyecto. En ese caso, el valor de los bienes importados no puede superar el 50 % del valor total del contrato de provisión, salvo una autorización fundada de la Autoridad de Aplicación.
La siguiente tabla resume qué puede importar cada tipo de proveedor y con qué condición:
| Tipo de proveedor | Qué puede importar sin arancel | Condición principal |
|---|---|---|
| Fabricante de bienes de capital o BIT | Insumos y bienes intermedios para producir el bien final | Transformación con cambio de partida arancelaria antes de entregar al VPU |
| Proveedor de bienes finales | Bienes BK o BIT terminados | Destino exclusivo al proyecto RIGI del VPU contratante |
| Proveedor de obras de infraestructura esencial | Insumos que se integran a un bien final de la obra | Los bienes importados no superan el 50 % del contrato de provisión |
| Proveedor de servicios | Solo bienes finales BK o BIT | Identificados en el listado y usados solo para prestar servicios a VPU adheridos |
El decreto es tajante en este punto: en ningún caso el proveedor adherido puede entregar al VPU insumos o bienes intermedios importados tal como llegaron. Tienen que pasar por una transformación que cambie su partida arancelaria. Un proveedor que importa chapas y entrega tanques cumple la regla; uno que importa válvulas y las revende sin procesar queda afuera.
Por eso la clasificación arancelaria del insumo y del bien final es la base de todo el trámite. Antes de presentar la solicitud conviene revisar con un despachante de aduana con experiencia en regímenes de destino que las posiciones declaradas efectivamente cambien de partida.
Una empresa que presta servicios al proyecto, como perforación, montaje o mantenimiento, puede importar sin arancel solo bienes finales BK o BIT, identificados en el listado. Esos bienes quedan en su patrimonio y solo pueden usarse para servicios a VPU adheridos. Si cambia el VPU al que presta el servicio, debe avisar a la Autoridad de Aplicación y a la Aduana con 10 días hábiles de anticipación.

Puede inscribirse una persona humana o jurídica con perfil de importador o exportador activo ante ARCA que tenga una relación contractual vigente con un VPU adherido. La solicitud se presenta por Trámites a Distancia (TAD), y desde el Decreto 105/2026 la evalúa la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
La documentación incluye la identificación del proveedor, el VPU y el proyecto al que abastece, el contrato de provisión y el detalle de los bienes a importar, con su destino productivo. Si la importación tiene que hacerse antes de firmar el contrato, se acepta una carta de intención o una declaración jurada. El Decreto 105/2026 sumó un requisito: presentar la balanza comercial y el flujo de divisas proyectados para los tres primeros años.
Hay una restricción importante para grupos económicos. Un proveedor no puede abastecer con bienes importados bajo el artículo 190 a un VPU vinculado en los términos del artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, salvo que sea el único proveedor posible. Y el silencio de la administración no equivale a aprobación: sin resolución expresa, no hay beneficio.
El régimen distingue al proveedor local, que es la empresa domiciliada en el país con mayoría de capital en manos de residentes argentinos. Sus bienes cuentan como provisión local si acreditan origen nacional. La Resolución 19/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio creó para eso un certificado de origen ad hoc, por mercadería, posición arancelaria y proveedor, con validez de dos años mientras no cambie la composición del producto.
Esto importa también al proyecto: los VPU se comprometen a destinar al menos el 20 % del monto de su inversión a proveedores locales, cuando haya oferta disponible. Para una industria argentina que compite con equipos importados, quedar registrada como proveedor local es una ventaja comercial además de aduanera.
La Aduana recibe el listado de mercaderías aprobado en la inscripción y controla que cada despacho coincida con él. Según la Resolución 19/2025, ese listado llega a la Dirección General de Aduanas por la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), a través del Servicio de Recepción de LPCO, y se declara al oficializar la destinación de importación.
En la práctica, el circuito de un despacho bajo el régimen sigue este orden:
Cualquier diferencia entre el despacho y el listado frena la oficialización o deja la mercadería fuera del beneficio. Por eso conviene pedir el listado con un nivel de detalle que permita cubrir cambios menores de especificación del proveedor del exterior, y actualizarlo cuando el proyecto cambie.
La RG ARCA 5620/2024 previó un mecanismo para importar entre la solicitud y el acto de aprobación. El importador declara en el despacho, con carácter de declaración jurada, que los bienes se usarán en el proyecto, utiliza el código de ventaja "RIGIENTRAMITE" e informa el número de expediente. Los tributos que corresponderían quedan garantizados hasta que se resuelva la solicitud.
El artículo 65 del anexo del Decreto 749/2024 exige garantizar los tributos al registrar la destinación, en los términos del Código Aduanero (Ley 22.415). Solo se ejecuta si se incumplen las condiciones del régimen. Se libera con el pago de los tributos, la reexportación autorizada o el vencimiento del plazo de comprobación de destino.

Las obligaciones duran mucho más que el despacho. El proveedor tiene que entregar al VPU los insumos ya transformados dentro de los 360 días desde el libramiento, con una prórroga posible por igual plazo. Además, debe sostener un nivel mínimo de facturación a VPU adheridos y presentar cada año una declaración jurada certificada por contador público antes del 31 de marzo.
La facturación mínima se calcula sobre la proporción entre lo importado con el beneficio y la facturación total del proveedor, multiplicada por un factor. La Resolución 19/2025 fijó ese factor en 0,7 durante el primer año de la relación con el VPU y en 1,2 desde entonces. Si no se alcanza, el beneficio se suspende de forma automática para las importaciones futuras, y una segunda falta puede llevar a la baja del registro.
Está prohibido usar los bienes para clientes que no sean VPU adheridos y transferirlos a terceros antes del fin de su vida útil sin autorización. Desafectarlos antes de tiempo exige pagar los tributos con un recargo del 100 %. Si la mercadería se importó para un contrato que no llega a firmarse en 360 días, prorrogables una vez, hay que reexportarla en 60 días o pagar los tributos con ese recargo, con un tope en el menor entre el doble del arancel y el 35 %.
Los incumplimientos se tramitan como sumario bajo el régimen de infracciones de la Ley 27.742, y una vez iniciado ya no se puede pedir la reexportación. Llevar un control de stock por proyecto, con trazabilidad entre el despacho, la transformación y la factura al VPU, es la mejor defensa ante una fiscalización.
La inscripción conviene cuando el contrato con el VPU tiene volumen y continuidad, y cuando los bienes importados pesan en el costo. Para una compra aislada y de bajo valor, la carga de garantías, controles y declaraciones juradas puede costar más que el arancel que se ahorra.
La respuesta sale de hacer números: arancel y tasas evitados, costo de la garantía, capital de trabajo liberado por las percepciones que no se pagan y el riesgo de no llegar a la facturación mínima. Un análisis de costos de la importación con y sin el régimen permite comparar los dos escenarios antes de presentar la solicitud.
Muchos proyectos RIGI, como centros de datos, minería y energía, compran servidores, equipos de red y telecomunicaciones a fabricantes extranjeros sin entidad en el país. Si su empresa provee esa tecnología o trabaja con un fabricante del exterior, puede compartirle esta guía en inglés sobre importación de tecnología en Argentina, que explica cómo opera un importador de registro y qué homologaciones pide ENACOM.
Para revisar el texto vigente de los cambios, puede consultar el Decreto 105/2026 en el sitio oficial. Si su empresa todavía está definiendo cómo entrar a la cadena de un proyecto, una consultoría de comercio exterior para planificar la provisión ayuda a ordenar contratos, listados y plazos desde el inicio.
El artículo 190 exime de derechos de importación, tasa de estadística, comprobación de destino y regímenes de percepción o anticipo. El tratamiento del IVA de la operación conviene revisarlo con su asesor impositivo para cada caso.
Solo si son bienes finales BK o BIT incluidos en el listado y destinados a ese proyecto. Los insumos importados no pueden entregarse al VPU sin una transformación que cambie la partida arancelaria.
Se exige una relación contractual vigente con el VPU, pero cuando hay que importar antes de contratar se acepta una carta de intención o una declaración jurada.
La mercadería puede reexportarse con autorización o desafectarse pagando los tributos con un recargo del 100 %. Si el contrato no se firma en 360 días, prorrogables una vez, hay 60 días para reexportar o pagar.
El Decreto 105/2026 prorrogó el plazo de adhesión hasta el 8 de julio de 2027. Los proveedores pueden inscribirse mientras abastezcan a un VPU adherido.
Ser proveedor de un proyecto RIGI abre contratos grandes y permite importar sin arancel, pero el beneficio depende de una cadena sin errores: listado bien armado, clasificación correcta, garantía constituida, destino controlado y facturación mínima cumplida. Cada eslabón se revisa en la Aduana o en la fiscalización posterior.
En Comex Consultores trabajamos como despachantes de aduana desde 1991 y acompañamos a empresas argentinas en regímenes de destino como este, desde la preparación del listado hasta el despacho y el seguimiento de los bienes. Si su empresa provee o quiere proveer a un proyecto RIGI, escríbanos y analicemos juntos su caso.